Medio centenar de personas se reunieron delante del Ayuntamiento de Alicante el pasado domingo para exigir protección igual ante la ley para los perros utilizados en actividades de caza, sean deportivas o cinegéticas. Realizaron una instalación que ilustra a las otras víctimas de la caza, que son los perros que explotan para esa actividad.
Las rehalas de perros pueden concentrar a decenas de individuos en las condiciones más precarias que se puedan imaginar. Se les obliga a reproducirse para mantener camadas jóvenes y aptas para la actividad, se desecha a los mayores y a aquellos que no cumplen con las especificaciones necesarias para cazar. No existe control ante esta actividad ni fiscalización por parte de las autoridades, cosa que podría cambiar con la próxima Ley de Protección y Derechos para los Animales.
La sociedad española cada vez se siente más cercana a los animales y contraria a prácticas como la caza, que continúa siendo regulada con una ley que data del siglo pasado. “Exigimos que se controle con mayor rigor el bienestar de los perros explotados en la caza y tengan los mismos derechos que aquellos que viven dentro del hogar”, expresa Eliana Guerreño, coordinadora de AnimaNaturalis en Alicante. “Excluir a estos perros de la Ley de Protección Animal sólo porque existe un beneficio económico pone en entredicho las prioridades que pone este gobierno sobre la vida y el sufrimiento de los seres más indefensos que existen en la sociedad, que son los animales”, agrega.
Una encuesta realizada por Ipsos bajo encargo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 revela que el 73% de los españoles estaría en contra del uso de perros para cazar. Sin embargo, los cazadores y el PSOE parten de la premisa de que sus perros no son animales de compañía y por lo tanto no tienen que ser objeto de protección de la ley.
En España existen 337.326 licencias de caza expedidas, lo que la convierte en la tercera actividad con más federados, a pesar de haber sufrido un descenso del 30% desde 2005. Sin embargo, existen numerosas actividades no federadas mucho más practicadas en los mismos espacios naturales. Según datos del Plan Estadístico Nacional del Ministerio de Cultura y Deporte, el 15,8% de la ciudadanía practicó senderismo, el 15,5% salió a correr, pero sólo el 1,4% de la población española salió a cazar al menos una vez durante el año 2020.
El colectivo de los cazadores es famoso también por las miserables condiciones en las que mantiene a sus perros. Precisamente este es el colectivo responsable del mayor número de abandonos de perros en España. Sólo en Cataluña, más del 60% de los perros que se encuentran abandonados en protectoras provienen de la actividad cinegética. Además, cada año, el abandono de entre 50.000 y 80.000 galgos coincide con el fin de la temporada de caza. Se trata de un dato muy elevado teniendo en cuenta que las protectoras recogen un total de 285.000 animales anualmente.
El PSOE presentó una enmienda para excluir a los perros utilizados en la caza de la próxima Ley de Protección y Derechos para los Animales, por considerarlos meras herramientas de trabajo. No desea limitar la cantidad de animales en una rehala o que deban ser esterilizados para evitar abandonos, por ejemplo. Esto ha generado un gran debate y esta protesta intenta dar voz a los animales que no están siendo tomados en cuenta.
Las únicas restricciones al sector que pretende incluir la nueva Ley de Protección Animal es la exigencia de núcleo zoológico para todos los cheniles que alberguen más de 5 perros -con el fin que puedan ser fiscalizados con periodicidad por los funcionarios veterinarios- y que se deba esterilizar a los machos si es que conviven con hembras en la misma rehala -con el fin de evitar y reducir los abandonos-, si no se está inscrito en el Registro oficial de Criadores.
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