Los activistas antitaurinos, Aïda Gascón y Anxo Rodriguez, miembros AnimaNaturalis, han ganado el juicio por las agresiones recibidas mientras grababan los encierros conocidos como “correbous”, en la localidad de Alcanar, con el fin de detectar posibles infracciones y maltratos a los animales.
El agresor, M. M. R., ha sido condenado a once días de localización permanente y a pagar una indemnización de 150 euros por las lesiones causadas a Anxo Rodriguez y 90 euros a Aïda Gascón. Además de 345 euros por los destrozos ocasionados en la cámara de grabación de los defensores de los animales.
Según relata la sentencia, el pasado 12 de mayo, cuando se acercaba el toro corriendo por la calle, Anxo se preparaba para empezar a grabar. El condenado le propinó un puñetazo en la nuca que lo tiró al suelo rompiéndole también la cámara de grabación que portaba. Al ver lo sucedido, su compañera Aïda Gascón se situó entre Anxo y el acusado para evitar que este continuase agrediendo a su amigo, recibiendo un puñetazo en la espalda que la hizo caer al suelo. El denunciado, por su parte, niega las acusaciones, aunque reconoce que el día de los hechos “los ánimos estaban muy encendidos y que siempre se encienden cuando llegan los antitaurinos”.
“Al menos un centenar de personas corrían detrás del toro, y muchas de ellas nos amenazaba con que si grabábamos nos iban a pegar”. Relata Aïda Gascón, quien ha presenciado numerosos “correbous” en los últimos dos años. “Nunca sabes cómo reaccionarán, pero estamos acostumbrados a recibir insultos, amenazas y diversas provocaciones a las que no respondemos. Pero esta vez fue diferente –añade- un hombre al que no conocíamos de nada nos atacó por la espalda en plena carrera y sin mediar palabra. Está claro que su intención era premeditada y que quería impedir a toda costa que pudiéramos grabar imágenes de posibles malos tratos o la presencia de menores”.
Aïda Gascón asegura también que el agresor, que está pendiente de un segundo juicio con los activistas, volvió a impedir que grabasen imágenes dos meses después en el municipio de Ulldecona y que incluso les rompió, de nuevo, otra de las cámaras.
“Es una vergüenza que los organizadores permitan estas situaciones. Si tanto les molesta que grabemos, será porque tienen algo que ocultar” se queja Gascón, añadiendo que “en cuanto a las posibles infracciones detectadas, había muchos niños menores de 14 años, que según el artículo 13 de la ley 34/2010, se consideraría grave, por incurrir en las prohibiciones del Artículo 10, en la que se prohíbe explícitamente la participación de menores de esta edad y que puede ser objeto de multa de entre 600 y 60.000 euros”.
Repercusión mediática:
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