Las entidades FAADA, Ecologistas en Acción, AnimaNaturalis, Fundación Fauna, ADDA, Depana, AVDA, Libera!, Tots Som Poble y Lex Ànima hemos manifestado nuestro apoyo a la actualización de las sanciones aplicables a infracciones a la legislación de caza, y hemos reclamado al Gobierno de la Generalitat que no ceda a la presión de los colectivos de cazadores. "Resulta vergonzoso ver como los máximos representantes de la Federación de Caza de Cataluña claman por "las sanciones que se han aprobado contra los cazadores", cuando en realidad las sanciones ya están definidas desde la ley de 1970 y lo único que se ha hecho es actualizar el importe de las mismas" denuncia Jaume Grau, coordinador en Cataluña de Ecologistas en Acción. "Sólo se actualiza el importe de lo que ya eran infracciones. Da la impresión de que los cazadores quieren seguir manteniendo la impunidad casi absoluta de la que disfrutaban hasta ahora", concluye.
Desde las entidades creemos que la modificación de los importes de las sanciones por infracciones de caza, para actualizarlas el año 2020 son "de pura lógica" y que "ya era hora de que se empezaran a eliminar privilegios que han ido manteniendo el colectivo de los cazadores desde 1970 ". Aseguramos que los cazadores, que practican su actividad con un arma en las manos, han recibido un trato de favor durante años: pagaban sanciones irrisorias, con máximos de 30 y 50 € por las sanciones muy graves (y desde 1,5 € en el caso de las leves) por infracciones que ponen, por ejemplo, en peligro la vida de otras personas. Aseguramos que ninguna otra actividad tenía unas sanciones tan desproporcionadamente bajas. "Y si se pagan rápido quedaban en la mitad." explica Grau. Ahora las sanciones se prevén de hasta 3.000 euros (las graves) y hasta 120.000 euros (las muy graves), que son las mismas que tienen los pescadores desde el 2009 o las que tienen los cazadores aragoneses.
Desde la Federación Catalana de Caza han iniciado una huelga durante la que no ayudarán a los agricultores a prevenir los daños, según sus comunicaciones, pero sí que saldrán a cazar igualmente como deporte o hobby.
Desde las entidades siempre estaremos al lado de los que pongan freno a los privilegios de un colectivo que lejos de ser garantes de la naturaleza, la ponen en peligro, la pervierten con sus granjas cinegéticas, la contaminan con sus balines de plomo, y se creen por encima de los otros usuarios del medio natural, los no cazadores, que somos la inmensa mayoría de la sociedad.
Es evidente el conflicto ético que suscita la actividad cinegética como medida para controlar poblaciones de animales. Las entidades hemos explicado al Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación que la actividad cinegética conlleva importantes daños tanto para los animales cazados como para sus crías y para aquellos supervivientes heridos y para multitud de otras especies, muchas protegidas, que sufren por la perturbación causada por las redadas y otras modalidades de caza, viendo mermado su éxito reproductivo. Por otra parte, en el caso particular de Cataluña, la caza para controlar la población de jabalíes se ha mostrado especialmente ineficaz. De acuerdo a los datos del programa de seguimiento de poblaciones de estos animales, el número de jabalíes cazados aumentó en más de 28.000 individuos en los últimos 23 años, cifra que indica que esta población se ha quintuplicado (desde la temporada de 1990-1991 a la de 2013-2014). En el último informe de la temporada 2015-2016 facilitado por la Generalitat de Cataluña (Rosell en 2016) el número de jabalíes cazados ha alcanzado cifras récords, mientras que su población crece a ritmo acelerado, según el mismo informe .
Las entidades firmantes de la carta hemos puesto de manifiesto que hay que construir una nueva normalidad donde los privilegios de unos pocos dejen de ir en contra del derecho general a disfrutar de la naturaleza, ya sea como excursionistas, ciclistas o buscadores de setas. Una nueva normalidad donde la caza debería ser la última opción a la hora de gestionar la fauna. La naturaleza tiene enormes retos por delante en Cataluña. La caza se gestiona todavía según la ley franquista de 1970, bajo la lógica de aquel régimen. Hoy existen numerosas alternativas para garantizar una adecuada convivencia entre actividades humanas y la conservación de la fauna, pero las dinámicas de décadas dificultan que la administración lo regule de acuerdo con los nuevos tiempos.
Por todo ello, las organizaciones ecologistas y de defensa animal hemos reclamado a la Generalitat y particularmente al Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación que no ceda ante la presión de los cazadores y que, por el contrario, tenga en cuenta las alternativas que desde la ética hacia los animales y la sostenibilidad se plantean desde los sectores ambientales desde hace años.
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