Los gobiernos de Carlos Mazón (PP) en Valencia e Isabel Díaz Ayuso (PP) en Madrid han decidido que fomentar la tortura y muerte de animales para regocijo de unos pocos es más importante que la convivencia, seguridad y bienestar de sus ciudadanos. Mientras precisamente esos territorios enfrentan recortes en servicios esenciales, ambos ejecutivos destinan millones de euros a perpetuar una tradición que desangra no solo a los animales, sino a la ética. En Valencia, 450.000 euros han fluido hacia la tauromaquia en 2025; en Madrid, más de 40 millones se esfumarán en remodelar Las Ventas, un monumento al dolor.
En Valencia, el gobierno de Carlos Mazón —respaldado por Vox— ha inyectado 150.000 euros adicionales a la tauromaquia en sus presupuestos de Emergencia, sumándose a los 300.000 euros entregados en junio a la Fundación Toro de Lidia bajo el impulso de Vicente Barrera, exvicepresidente de Vox. Madrid, por su parte, no se queda atrás: Isabel Díaz Ayuso ha convertido Las Ventas en su bastión ideológico, destinando 40 millones de euros a su remodelación —que se suman a los 2,2 millones entregados previamente— y 3,1 millones a retransmisiones taurinas en Telemadrid.
“No hablamos de cultura, sino de subsidios a la crueldad”, denuncia Aïda Gascón, directora de AnimaNaturalis en España. “Mientras los hospitales y las escuelas piden recursos, ellos gastan millones en ensañarse con seres vivos. Es una obscenidad política”. Los datos le respaldan: según el diario Público, la tauromaquia recibe 18 veces más fondos públicos que los programas de protección animal en la Comunidad Valenciana.
En Madrid, los presupuestos recortan 12% en Cultura, pero asignan 1,7 millones de euros a la Fundación Toro de Lidia para eventos promocionales. Vox y el Partido Popular (PP) han convertido los toros en un arma de su “guerra cultural”, ignorando que el 84% de los españoles rechaza estas subvenciones, según una encuesta de IPSOS (2024).
Las decisiones de Mazón, impulsadas mediante un pacto con la formación ultraderechista VOX, reflejan un giro en las prioridades de la gestión autonómica. Entre los ajustes más criticados destacan la reducción del 42% en memoria histórica, la eliminación de convenios con UNICEF, ACNUR y UNRWA (1,8 millones en total) y los drásticos recortes a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). Vox, cuya influencia es palpable en el texto presupuestario, exige incluso mayores ajustes, amenazando con romper la coalición si no se cumplen sus demandas.
La Conselleria de Emergencias valenciana, a través de la dirección general de Interior y Protección Civil, incluye un par de líneas presupuestarias que se destinarán al sector taurino a través del método de concesión directa y concurrencia competitiva. En primer lugar, 120.000 euros para “divulgación, promoción y seguridad sobre festejos taurinos tradicionales”, con el objetivo de “Apoyo al mundo del toro. Realización de labor de promoción y difusión”, que se destinarán a través de concesión directa. Serán 20.000 euros para la asociación para la defensa de la tradición de Bous al Carrer; 20.000 euros para la Federación Taurina Valenciana, 20.000 euros para la Federación Valenciana de bou en corda y 60.000 euros para la Federación de Peñas de Bous al Carrer, según el anexo presupuestario de esta partida.
Mientras la tauromaquia recibe impulso, partidas clave sufren tijeretazos. El presupuesto para recuperar restos de víctimas del franquismo cae un 42%, y se eliminan tres convenios anuales de 600.000 euros cada uno con agencias de la ONU. La AVL, custodio del valenciano, alerta que los recortes a su financiación y a la promoción lingüística —calificados de “mutilación”— responden a una “decisión política” contra la normalización del idioma. Además, sindicatos y programas de igualdad enfrentan reducciones, alineadas con las exigencias de Vox de erradicar la “ideología de género” y la Agenda 2030 de las políticas públicas.
Pese a los ajustes, Vox considera insuficientes las medidas y exige elevar al 50% el recorte a la AVL y al 30% el de los sindicatos, amenazando con romper el pacto de gobierno. Esta presión evidencia la tensión entre socios y la prioridad de la formación de Abascal por desmantelar políticas progresistas. La AVL, en un comunicado, rechaza que los recortes se justifiquen en “razones técnicas”, señalando que buscan debilitar al valenciano como elemento identitario.
¿Qué hacer?
La solución no es compleja, pero requiere valentía. Primero: eliminar los subsidios públicos a la tauromaquia y redirigirlos a santuarios y programas de bienestar animal. Segundo: aprobar una Ley Estatal de Protección Animal que prohíba espectáculos con sufrimiento, siguiendo el ejemplo de Cataluña —donde los toros fueron abolidos en 2010— o de Colombia y México. Tercero: educar. “Necesitamos campañas que muestren la realidad tras los festejos”, propone Gascón. “Cuando la gente vea a un ternero separado de su madre para ser torturado, entenderá que esto no es arte”.
No permitamos que nuestro silencio financie el dolor de los toros. “Cada euro que quitamos a la tortura es una victoria”, concluye Gascón. “Y cada persona que se une a esta lucha, es esperanza”.
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