La prohibición de cazar al lobo ya se extiende a toda España. El lobo ibérico ha sido incluido en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (LESPRE), tras la publicación en el BOE de la orden ministerial que modifica el desarrollo de este listado. La orden ha recibido el aval del Consejo de Estado que, después de haber estudiado las alegaciones de organizaciones conservacionistas y gobiernos autonómicos, ha considerado que la decisión de incluir al lobo en el listado está suficientemente motivada, y cuenta con una base científica sólida.
La orden ministerial hace extensivo a todas las poblaciones de lobos del país el mismo nivel de protección con que hasta ahora sólo contaban las manadas radicadas en territorios al sur del Duero.
La inclusión del conjunto de poblaciones de lobo en el LESPRE que ahora queda sancionada responde a la importancia de la especie como patrimonio cultural, científico, así como por los servicios ambientales que produce la presencia de este carnívoro en los ecosistemas, y recibió el apoyo de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad en su reunión del 4 de febrero pasado.
La decisión cuenta también con el respaldo del informe de evaluación del Comité Científico emitido en 2020, que entiende que el estancamiento de la población de lobo ibérico observado en los últimos años y la congelación de su área de distribución, se ha producido como consecuencia de la elevada tasa de mortandad no natural que soporta la especie, motivo por el cual su estado de conservación entra dentro de la categoría de desfavorable inadecuado. Por tanto, es “necesario promover un cambio en el modelo de gestión que las comunidades autónomas afectadas han aplicado hasta la fecha”.
Deja de ser una especie cinegética, pero con excepciones
Hasta ahora, en España se capturaban cada año, de forma legal, unos 100 lobos. Como consecuencia del cambio de estatuto jurídico de las poblaciones de lobo situadas al norte del Duero, estas dejarán de ser consideradas objeto cinegético en aquellas comunidades que hasta ahora autorizaban su caza y las medidas de control de la especie pasarán a tener carácter excepcional.
Únicamente podrán ser autorizadas capturas y extracciones de manera justificada y selectiva, cuando todas las medidas de prevención se hayan revelado ineficaces; con la garantía científica de que no comprometerán el buen estado de conservación de la especie y ante la evidencia de daños importantes o recurrentes en la actividad ganadera. Además, tendrán que contar con una autorización administrativa concedida por la comunidad autónoma correspondiente.
Su inclusión en el listado permitirá que el sistema de protección de la especie sea uniforme en todo el territorio. Al mismo tiempo se homogeneizarán las medidas preventivas, las indemnizaciones y los procesos de control de la especie que se adopten para evitar y paliar los daños provocados a la ganadería por las manadas de lobos. Por último, la iniciativa equipara la normativa española con la de mayoría de países de nuestro entorno, en los que la especie está estrictamente protegida.
Conservación y gestión
El grupo de trabajo del lobo se reunió en noviembre de 2020 y en febrero y mayo de 2021 para revisar el diagnóstico del estado de conservación de la especie, como primer paso para actualizar la nueva estrategia. Este trabajo fue realizado recopilando la información de carácter científico más precisa disponible y contando con los datos y estadísticas aportados por las comunidades autónomas.
A partir de ese diagnóstico, ya en mayo de 2021 se ha elaborado un documento borrador de bases para la elaboración de la estrategia, que ha sido nuevamente consultado con el grupo de trabajo, así como con organizaciones sectoriales relevantes en la gestión de la especie en nuestro país.
La nueva estrategia contendrá referencias para realizar un protocolo coordinado de intervención para la extracción excepcional de ejemplares de lobo, como marco técnico general de actuación para facilitar que las acciones que puedan plantearse a nivel autonómico se ajusten a la normativa estatal y comunitaria de protección de la fauna silvestre.
En las próximas semanas se remitirá el borrador de la nueva estrategia a los órganos colegiados de coordinación interadministrativa en la materia – Comisión y Consejo Estatal de Patrimonio Natural y la Biodiversidad- y a la participación pública, para su remisión final a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.
Necesidad de un censo nacional
El grupo de trabajo acordó también la necesidad de la actualizar el censo nacional del lobo. Por ello, el Ministerio ya ha aprobado una partida presupuestaria para su realización, se ha designado un coordinador y se han avanzado los contactos con las administraciones y expertos concernidos para desarrollar las metodologías de trabajo más apropiadas desde el punto de vista científico.
La respuesta de los cazadores no se ha hecho esperar
Los cazadores no han tardado en responder a la nueva ordenanza, y ya han dicho que recurrirán ante la Audiencia Nacional la orden que prohíbe cazar el lobo en toda España.
También han habido reacciones de rechazo en las autonomías afectadas. Juan Carlos Suárez-Quiñores, consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, la comunidad en la que más lobos habitan, ha declarado esta mañana que están “radicalmente en contra de esa iniciativa". “Va a suponer un perjuicio enorme el dejar de gestionar las poblaciones de lobo con la caza”, porque se van a “incrementar los daños en la ganadería extensiva, además de favorecer la despoblación”, al existir el peligro de abandono de la actividad ganadera. Suárez-Quiñones ha anunciado la interposición de un recurso contencioso administrativo contra la orden. Lo harán de forma coordinada con el resto de comunidades afectadas: Galicia, Asturias y Cantabria, que presentarán sus propios recursos.
Años de lucha de las organizaciones
La propuesta partió de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel), y a pesar de los ataques de ganaderos y Gobiernos regionales continuó adelante. Su presidente, Ignacio Martínez, valora la orden ministerial de forma “muy positiva” y como un “primer paso trascendente que supone el fin de los planes y programas de muerte de las comunidades autónomas”. Otras organizaciones implicadas en las numerosas manifestaciones y denuncia social, han sido Lobo Marley, WWF o Ecologistas en Acción.
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