Activistas de AnimaNaturalis y CAS International se dieron cita el pasado domingo 24 para exigir a los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid que dejen de subvencionar las fiestas con toros y que este dinero se destine a otros fines que beneficien a toda la población. La protesta tiene como objetivo revelar la cifra de dinero público que los ayuntamientos destinan a este tipo de celebraciones crueles con los animales.
Hemos realizado una intensa investigación en todos los municipios de España para descubrir cuánto dinero público se destina a mantener y subvencionar los festejos crueles con los animales. Utilizando el portal de transparencia, se ha contactado a cada uno de los ayuntamientos y la cifra para la Comunidad de Madrid asciende a casi 2.000.000 de euros.
Los ayuntamientos que más dinero destinan a fiestas crueles que involucran toros son Valdaracete (221.324 €), Navalcarnero (171.487 €), Fuenlabrada (158.090,30 €) y Los Molinos (124.698 €). La investigación de las organizaciones de defensa de los animales proyecta un total de no menos de 2 millones de euros, que podría ser más ya que varios ayuntamientos se han negado a facilitar la información solicitada. A pesar que la ley exige transparencia en el destino del dinero público de cada municipio, las ciudades de Cercedilla, Collado Mediano, El Boalo, Humanes de Madrid, Majadahonda, Miraflores de la Sierra, Morata de Tajuña, Navas del Rey, Paracuellos de Jarama, Plozoya, San Agustin de Guadalix, Talamanca de Jarama, Torres de la Alameda, Valdelaguna, Villaconejos, Villamantilla, Villar del Olmo y Villarejo de Salvanés han agotado todos los plazos oficiales para dar respuesta a los requerimientos de información.
Vamos a iniciar acciones judiciales, y advertimos que pediremos depurar responsabilidades a las autoridades que están obstruyendo el acceso a la información que estamos solicitando a todos los ayuntamientos de España que dedican parte de su presupuesto municipal a las fiestas populares con toros. "No vamos a tolerar este alarde de dejadez y pasividad de la administración. Que las instituciones estén obstaculizando el acceso a la información pública puede ser objeto de delito", asegura Aïda Gascón, directora de AnimaNaturalis en España. "Han pasado ya siete meses desde que se solicitó la información, no nos han dado ningún tipo de respuesta y han excedido de largo el tiempo máximo permitido por ley, nos están obligando a ir a los tribunales".
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