La nueva Ley de Protección de Fauna Doméstica Libre y en Cautiverio "es una ley discriminatoria que no busca proteger al animal del hombre sino al revés". Esa fue la conclusión a la cual llegó ayer el Frente por los Derechos de los Animales en la rueda de prensa efectuada en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCV.
Tibisay Serrada, directora de la Escuela de Sociología y miembro de la Red de Apoyo Canino y vocera del Frente por los Derechos Animales, se refirió al artículo 33 de esa ley, que prohíbe a partir de 2014 la tenencia de perros pitbull y sus mestizajes. "Nosotros nos opusimos a que estos animales fueran discriminados e hicieron una consulta pública, pero no fuimos escuchados. Desde nuestro punto de vista, esta ley debe ser cuestionada pues protege al hombre y no al animal", afirmó Serrada. Agregó que el problema de la discriminación no sólo se extiende a los pitbull, sino a los perros callejeros, que según la ley tampoco poseen derechos.
Proponen que se revise y replantee la legislación para que responda por los derechos animales, para poder defenderlos eficazmente de sus maltratadores y para que se deje de considerar a las mascotas como una propiedad privada.
Otra de las inquietudes que se observa en la ordenanza, según comunicado emitido por el Frente por los Derechos de los Animales, es que la norma -en sus artículos 71, 72 y 73- sólo comprende castigos monetarios al agresor animal, lo cual identifica a la mascota como una propiedad o cosa y no como un ser vivo digno de respeto.
El comunicado continúa en que la ley insiste en la discriminación de los animales y mascotas por las razas estableciendo unas que denominan "deseables", según el artículo 5.
"La Ley de Protección de los Animales Domésticos, que ofrece un marco legal al abuso y a la opresión del débil jurídico y por todo ello expresamos nuestra voluntad inquebrantable de defender la vida y rechazar esta Ley de Exterminio", finaliza el comunicado.
Además, los voceros del Frente por los Derechos de los Animales hacen un llamado a la Asamblea Nacional y la Comisión Ambiental para que establezcan un nuevo estatuto y que se realicen consultas públicas con las ONG encargadas de los derechos animales, para procurar que sea verdaderamente una ley de protección animal y no de control.
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