Bogotá, colombia- En menos de un mes se reportaron cuatro casos de extrema violencia contra animales en Colombia.
Muñeca, la perrita mutilada por un empleado de la empresa Aseo Capital de Bogotá, fué quizás el más sonado. Un tigrillo asesinado en Caldas, dejando a su cria huérfana; un gato quemado con ácido en el Valle del Cauca y una gatica violada en Barrancabermeja, fueron los otros tres. Todos quedarán impunes porque, en Colombia, la ley que debería proteger a los animales, no tiene dientes.
Estos cuatro casos, de notable crueldad, se suman a los cientos de abandonos, maltratos en el hogar, confinamientos y otras violencias cotidianas contra animales domésticos y silvestres, de las que sólo llegan a saber entidades privadas como la Asociación Defensora de Animales y quienes dedican parte de su tiempo al rescate voluntario de animales, con altos costos económicos y emocionales.
De acuerdo con Andrea Padilla, vocera para Colombia de AnimaNaturalis internacional, "parte del problema se debe a que la violencia contra los animales no ha sido objeto de discusión penal. El Estatuto Nacional de Protección Animal del año 1989 considera estos actos meras contravenciones, y las posibles sanciones a responsables, que oscilan entre penas de arresto de 1 a 3 meses y multas de 5 mil a 50 mil pesos, se esfuman en medio de ambiguedades en cuanto procedimientos y competencias. En 15 años que tiene la ley, no conocemos la primera sanción".
Además, afirmó que "este problema tiene su origen en la consideración legal de los animales como bienes muebles y propiedad, que impera en Colombia desde el Código Civil de 1887. En el actual Código Penal, si alguien quiere demandar, por ejemplo, un caso de envenenamiento, debe hacerlo por daño en bien ajeno".
Varios de los congresistas elegidos el pasado 22 de abril asumieron el compromiso de promover leyes a favor de los animales. En las próximas elecciones presidenciales, los defensores de animales también harán valer esta bandera.
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