Madrid quiere sangre. Al menos, en las plazas de toros. La Ley de toros y protección animal de las Islas Baleares, conocida como la 'ley de toros en la balear', quedó suspendida. El gobierno de Mariano Rajoy impugnó ante el Tribunal Constitucional la norma que el Parlamento de las Islas aprobó el 24 de julio por entender que invade competencias que son propias del Estado. A partir de ahora, el TC tiene un plazo de cinco meses para confirmar la suspensión o levantarla.
El Consejo de Ministros celebrada ayer aprobó la decisión basándose en el hecho de que la legislación isleña "invade competencias estatales que regulan las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes. También invade competencias estatales en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica; de la defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español; y en materia de seguridad pública ". Según explicó el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, "la regulación del Parlamento de las Islas Baleares incumple determinados preceptos de leyes estatales, como las de patrimonio inmaterial o las de tauromaquia".
"Expolio" de la cultura española
La ley de 'toros en la balear' establecía, entre otras cosas, que el toro no podía ser muerto en la plaza, ni se podían utilizar objetos punzantes durante la corrida ni podían asistir menores de edad. Se prohibía que la sangre formase parte del espectáculo. Se prohibía la tortura del animal. Y eso, según el informe que el Ministerio de Cultura hizo llegar al Gobierno el mes de junio, supone "expoliar" la cultura española. En ese informe elaborado por la Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural, se señalaba que nueve de los catorce artículos de la iniciativa del Pacto podrían incurrir en inconstitucionalidad.
De todos modos, esta impugnación no habría sido posible sin una sentencia anterior del TC y sin una ley aprobada gracias al rodillo parlamentario que el PP tenía en el Congreso en 2015. Y es aquí donde vuelve a aparecer Cataluña. El TC derogó la prohibición de los toros en Cataluña gracias a una ley confeccionada por José Ignacio Wert, la ley para la salvaguardia del patrimonio cultural e inmaterial. Hasta ese momento, eran las comunidades las que regulaban el patrimonio inmaterial, pero el gobierno de Mariano Rajo defendió que también es competencia del Estado "preservar y poner en valor la cultura común".
Respeto y sorpresa
Antes del Consejo de Ministros, se había reunido el Consejo de Gobierno en el Consolat de Mar. Aunque aún no se conocía la decisión del Ministerio, se esperaba. En este sentido, la portavoz del Ejecutivo del Pacto, Pilar Costa, destacó que el Gobierno respeta la decisión pero no la comparte.
"Los recursos de inconstitucionalidad están porque si las administraciones consideran que los han de poner, los pongan. Si llega este recurso de inconstitucionalidad, haremos la defensa que corresponda a los tribunales ", afirmó Costa. "No lo compartimos, pero respetamos que el gobierno central presente un recurso a la 'ley de toros en la balear", sentenció.
AnimaNaturalis, por su parte, mostró sorpresa por el momento que ha elegido el Ejecutivo español para hacer pública la decisión de recurrir dicha normativa. "Esperábamos que lo anunciaran en julio y nos extraña que ahora, con el conflicto de Cataluña por medio, lo hayan anunciado", manifestaba ayer su portavoz en Islas Baleares, Guillermo Amengual. Los animalistas recuerdan que si el TC no resuelve el recurso en cinco meses, la ley balear volverá a entrar en vigor, circunstancia que caería de lleno justo cuando empiezan las corridas en las Islas. De todos modos, Amengual espera una resolución rápida del Constitucional dado "el contexto político" actual, en el que se intentan proteger los símbolos de españolidad, presuntamente amenazados por el proceso soberanista. Sin embargo, recuerdan desde la campaña Mallorca Sin Sangre que cualquier decisión del TC debe estar bien argumentada. En este sentido, Amengual considera que los magistrados "no lo tendrán tan fácil como con la ley catalana, ya que en el caso de Baleares no se trata de toros sí o toros no, sino de evitar la tortura del animal" . En cuanto a la motivación del gobierno español a la hora de presentar este recurso, los animalistas aseguran que "no es que quieran proteger la tauromaquia como hecho cultural, sino los intereses particulares de empresarios taurinos próximos al Partido Popular".
Hay que recordar que la tradición taurina en las Islas Baleares es escasa, según los datos que maneja el Ministerio de Cultura. En 2016 se celebraron dos corridas de toros y otros cinco festejos de diferente naturaleza con reses bravas. Esa es la dimensión del ataque al patrimonio cultural. Sin embargo, el Gobierno, según ha contado este viernes el ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, recurre porque, entiende, las autonomías no son competentes para legislar.
Hasta que el Tribunal Constitucional decida sobre el fondo del asunto, la actividad taurina al uso podrá seguir en las Islas Baleares. En el célebre caso de la prohibición de las corridas en Cataluña, los magistrados demoraron la decisión seis años: desde 2010 a 2016.
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