Con cuatro votos a favor y uno en contra, los ministros de la Segunda Sala resolvieron el amparo en revisión que interpuso la Asociación Civil Cuenta Conmigo Tepic A.C. en el 2019 tras la Declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial de las corridas de toros, peleas de gallos, cherrería, jaripeo, adiestramiento de caballos bailadores y carreras de caballos en el Estado de Nayarit. La Corte estableció que estas prácticas no pueden ser una expresión cultural porque se involucra maltrato, tortura y la muerte de los animales.
El proyecto del Ministro Alberto Perez Dayán que fue votado a favor, contundentemente precisa “Cualquier práctica que suponga el maltrato, la tortura y la muerte de los animales sintientes, atento a meros fines de recreación o entretenimiento humano, no puede considerarse una expresión que pueda ser sujeta de protección especializada y reforzada, bajo los derechos culturales. Tales actividades lejos de salvaguardar los derechos y libertades reconocidos por el sistema jurídico, tienden a su destrucción o vulneración”. La sentencia de la Corte también establece que los Estados no pueden realizar este tipo de Declaratorias como patrimonios culturales, ya que es una facultad exclusiva de la Federación.
Anterior a Nayarit, los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, Tlaxcala y Zacatecas emitieron declaratorias considerando a la tauromaquia como patrimonio cultural. El caso más reciente fue el Estado de Nuevo León, el cual el Gobernador Samuel García veto la ley aprobada por el Congreso que les daba este reconocimiento.
Trampas en las Declaratorias
Una forma de conseguir los empresarios taurinos subsidios de los Estados o municipios fue a través de esta vía, ya que sus espectáculos cada vez son menos rentables, tal es el caso reciente de una diputada del Congreso de Zacatecas que basándose en la Declaratoria como Patrimonio Cultural hecha en el 2013, presentó el mes pasado, una iniciativa para crear el Instituto Zacatecano para la Preservación y Promoción de la Cultura Taurina. A través de esta dependencia pública destinaría recursos para la promoción del turismo taurino nacional e internacional, apoyos para fomentar escuelas taurinas entre otros.
Esta resolución de la Suprema Corte nos da una clara señal que el camino correcto para encontrar justicia a favor de los toros se encuentra en el Poder Judicial.
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