La reciente decisión del Cabildo de Gran Canaria de considerar a los gatos comunitarios como una "especie exótica invasora" ha generado una fuerte polémica. Esta medida, que limita la presencia de colonias felinas en espacios naturales protegidos, contradice claramente lo dispuesto en la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales, que reconoce y ampara a los gatos comunitarios como parte de las colonias gestionadas bajo el método CER (Captura, Esterilización y Retorno). Sin embargo, el Cabildo ha ordenado que estas colonias sean reubicadas en áreas urbanas o confinadas, una decisión que vulnera directamente los derechos de los animales establecidos por la ley.
Aïda Gascón, directora de AnimaNaturalis en España, subraya la gravedad de esta situación: "El bienestar de los gatos comunitarios no puede ser sacrificado por decisiones arbitrarias que violan las leyes de protección animal. Los gobiernos locales deben cumplir con la normativa y garantizar la convivencia ética entre humanos y animales, en lugar de promover su desplazamiento o eliminación".
Un retroceso en la gestión ética de las colonias felinas
El método CER ha demostrado ser una de las estrategias más efectivas y éticas para controlar la población felina en colonias urbanas y rurales, sin recurrir a la eliminación de los animales. Sin embargo, la medida del Cabildo de Canarias parece ignorar estos avances, imponiendo restricciones que no solo son injustas para los animales, sino que también carecen de respaldo científico sólido. De acuerdo con la Directriz Técnica de la Dirección General de Derechos de los Animales, cualquier actuación sobre las poblaciones felinas en espacios protegidos debe basarse en estudios detallados y locales, no en datos generalizados que no consideran la realidad específica de cada entorno.
Estudios científicos han demostrado que el desplazamiento forzado de gatos comunitarios puede generar el denominado "efecto vacío", donde otros animales no gestionados ocupan rápidamente el espacio dejado por los felinos removidos. Además, la falta de manejo adecuado en la reubicación o confinamiento de estos gatos puede provocar un aumento de enfermedades, estrés y, en última instancia, su muerte prematura. Esto pone en tela de juicio la efectividad y la ética de las políticas del Cabildo, al no priorizar el bienestar de los animales involucrados.
FAADA también ha señalado que la clasificación de los gatos como "especie exótica invasora" no puede hacerse de manera arbitraria sin un procedimiento administrativo previo que justifique adecuadamente la medida. El impacto de las colonias felinas en cada espacio protegido debe ser evaluado de forma individual, basándose en datos científicos objetivos y específicos de cada área. Sin estas evaluaciones detalladas, cualquier decisión de reubicación o eliminación sería prematura e irresponsable.
Acciones legales y defensa del bienestar animal
Frente a este escenario, organizaciones de defensa de los derechos de los animales, como AnimaNaturalis y FAADA, ya están tomando medidas para evitar que estas disposiciones continúen violando la ley. Cristina Ibáñez, abogada de AnimaNaturalis, afirma que se tomarán acciones legales: "En colaboración con otras organizaciones, nos aseguraremos de que las autoridades respeten los derechos de los gatos comunitarios y se busquen soluciones éticas que garanticen su bienestar en las Zonas Naturales Protegidas, en lugar de recurrir a su eliminación".
El artículo 42.7 de la Ley 7/2023 es claro en cuanto a que cualquier desplazamiento o reubicación de gatos comunitarios debe realizarse bajo estrictas circunstancias excepcionales, siempre bajo la supervisión veterinaria y con una justificación adecuada. Sin embargo, el Cabildo de Canarias parece ignorar estos requisitos legales, lo que ha motivado una creciente movilización de organizaciones animalistas que luchan por proteger a los felinos.
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