Esta medida supone un retroceso en la evolución ética y social de nuestro país, ignorando la creciente sensibilidad ciudadana hacia el bienestar animal.
La tauromaquia ha perdido el respaldo de la sociedad. Las cifras lo confirman: la asistencia a espectáculos taurinos ha caído de forma sostenida en los últimos años, reflejando un cambio de paradigma cultural. Los valores actuales de la mayoría de la población se alinean con una sociedad más compasiva, que rechaza prácticas que implican el sufrimiento de animales.
Prueba de este cambio es nuestra Iniciativa Legislativa Popular (ILP) #NoEsMiCultura, cuyo objetivo es la derogación de la Ley 18/2013, que reconoce la tauromaquia como patrimonio cultural. Esta ILP, registrada oficialmente el 4 de enero de 2024 y admitida a trámite por la Mesa del Congreso en febrero, ha contado con un respaldo ciudadano extraordinario. Miles de voluntarios y voluntarias han trabajado incansablemente para superar el umbral de 500.000 firmas necesarias para su validación, evidenciando el amplio rechazo social a la tauromaquia.
El próximo 17 de febrero se entregarán oficialmente las firmas recolectadas, superando ampliamente la cifra requerida. Este respaldo masivo no solo subraya el rechazo de la ciudadanía hacia la tauromaquia, sino que también refleja la exigencia de un cambio legislativo que elimine los privilegios de una práctica que la mayoría considera anacrónica y contraria a los valores éticos de nuestra sociedad.
Reinstaurar el Premio Nacional de Tauromaquia mediante la colaboración del Senado supone ignorar esta transformación social y desoír el clamor popular. Cabe recordar que la eliminación de este premio en 2024 por parte del Ministerio de Cultura fue respaldada por un 90% de la ciudadanía participante en la consulta pública previa, demostrando un consenso mayoritario a favor de políticas más justas y respetuosas con los animales.
Desde la sociedad civil exigimos a las instituciones que actúen en consonancia con los valores de un país moderno, ético y empático. No es aceptable que el Senado respalde con recursos públicos una actividad cada vez más rechazada por la población.
Instamos a los representantes políticos a escuchar la voz de la ciudadanía y a priorizar el bienestar colectivo por encima de los intereses de una minoría que se aferra a tradiciones incompatibles con la ética del siglo XXI.
Por todo ello, hemos enviado una carta en esta línea dirigida a los miembros del Senado de España y firmada por las siguientes organizaciones:
ADANA, Animales con Derechos, AnimaNaturalis, Animal Guardians, Asturies Antitaurina, CAS International, Coordinadora por los Derechos de los Animales de la Región de Murcia, Defensa Animal de Cantabria, Animalistak, Ecologistas Extremadura, Empatiza Córdoba, Iruñea Antitaurina, La Tortura No Es Cultura, People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), Piztiak y Plataforma Defensa Animal Extremeña.
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