En el Centro Municipal de Control de Zoonosis de Murcia, más de cien personas esperan su turno para entregar a sus mascotas. Las jaulas están llenas, los recursos son insuficientes y la Ley de Bienestar Animal, diseñada para proteger a los animales, se enfrenta a una cruda realidad: sin financiación adecuada, las buenas intenciones se convierten en papel mojado. Mientras tanto, perros de caza abandonados y animales maltratados llenan los pasillos de un sistema al borde del colapso.
El Centro Municipal de Control de Zoonosis de Murcia, ubicado en La Albatalía, es un reflejo de una crisis que se extiende por toda la región. Con solo 40 jaulas para perros y 15 para gatos, el centro está saturado. Más de cien personas esperan en lista para entregar legalmente a sus mascotas, mientras los profesionales intentan atender a animales maltratados, desde perros golpeados hasta caballos y pájaros heridos.
La Ley de Bienestar Animal, en vigor desde septiembre de 2023, prometía ser un avance histórico. Sin embargo, su éxito depende de que las autonomías y ayuntamientos financien adecuadamente las medidas necesarias para evitar abandonos y reducir el sufrimiento animal. En Murcia, la brecha entre lo que se necesita y lo que realmente se aporta es abismal. Los ayuntamientos están obligados a ofrecer servicios de urgencia 24 horas, controlar colonias felinas y garantizar la esterilización de animales, pero muchos carecen de los fondos para cumplir estas exigencias.
José María Meseguer, veterinario del centro, lo resume con crudeza: “No damos abasto. Los animales llegan en condiciones miserables, y aunque no haya recursos, no podemos negarles ayuda”. La Ley de Bienestar incluye la posibilidad de cambiar la titularidad y el cuidado provisional de los animales que hayan sido maltratados. Una medida razonable a simple vista, aunque si no se dota de fondos a los centros especializados, es imposible de llevar a cabo. También el texto explica que corresponderá a los ayuntamientos la recogida de animales extraviados y abandonados y su alojamiento en un centro de protección animal. Para ello deberán contar con un servicio de urgencia para la recogida y atención veterinaria de estos animales, disponible las veinticuatro horas del día. Sin embargo, otra vez topamos con la falta de fondos, porque muchos municipios no cuentan con los recursos sufientes para poder llevar a cabo este servicio de urgencia.
Uno de los aspectos más preocupantes es el abandono y maltrato de perros de caza. Estos animales, utilizados como herramientas de trabajo, son frecuentemente “descartados” cuando llegan a una edad avanzada o no cumplen con las expectativas de sus dueños. Abandonados en zonas rurales o entregados en centros ya saturados, estos perros representan una parte significativa de los casos que llegan a las protectoras.
La Ley de Bienestar Animal excluye inicialmente a los perros de caza de algunas de sus protecciones, una omisión que ha sido criticada por expertos y activistas. Teresa López, presidenta del Colegio de Veterinarios de Murcia, señala: “Un animal maltratado no entiende de categorías. La ley debe proteger a todos por igual”.
Además, la falta de educación cívica y responsabilidad en la sociedad agrava el problema. Muchos dueños de mascotas no están preparados para asumir los costes y compromisos que implica la tenencia responsable. La crisis económica, sumada a la falta de concienciación, ha llevado a un aumento del 30% en los abandonos en 2024, según datos de las protectoras de la región.
Necesidad de coraje y compromiso
Para revertir esta situación, es urgente tomar medidas concretas. En primer lugar, las administraciones deben destinar fondos suficientes para implementar las medidas de la Ley de Bienestar Animal. Esto incluye financiar servicios de urgencia, programas de esterilización y campañas de adopción. Sin recursos, las normas más ambiciosas quedan en letra muerta.
En segundo lugar, es esencial abordar el problema de los perros de caza. Organizaciones como AnimaNaturalis proponen la inclusión explícita de estos animales en la ley, junto con sanciones más severas para quienes los abandonen o maltraten, que según la ley debieran alcanzar hasta los 200 mil euros. También se necesitan campañas de educación que fomenten la tenencia responsable y despierten la conciencia social sobre el sufrimiento animal.
Aïda Gascón, directora de AnimaNaturalis en España, subraya: “Proteger a los animales no es solo cuestión de leyes; es una responsabilidad colectiva. Necesitamos recursos, educación y, sobre todo, compasión”. La crisis en Murcia es un llamado a la acción. Los animales no pueden esperar, y cada gesto cuenta. AnimaNaturalis invita a la sociedad a sumarse a esta lucha:
- Adopta o apadrina: Dale una segunda oportunidad a un animal abandonado.
- Denuncia el maltrato: Usa los canales del SEPRONA (062, redes sociales) para reportar casos de crueldad.
- Exige transparencia: Presiona a las instituciones para que destinen fondos a los centros de protección animal.
- Difunde: Comparte esta historia y ayuda a sensibilizar a tu comunidad.
La tragedia en Murcia es un espejo de un problema nacional: una ley sin financiación, una sociedad poco educada y un sistema que colapsa bajo el peso de su propia desidia. Los animales no tienen voz, pero juntos podemos ser su voz. “ La pregunta no es si ellos sobrevivirán a nuestra indiferencia, sino si nosotros sobreviviremos a nuestra falta de humanidad”, concluye Gascón.
