Los gobiernos de Carlos Mazón (PP) en Valencia e Isabel Díaz Ayuso (PP) en Madrid han decidido que fomentar la tortura y muerte de animales para regocijo de unos pocos es más importante que la convivencia, seguridad y bienestar de sus ciudadanos. Mientras precisamente esos territorios enfrentan recortes en servicios esenciales, ambos ejecutivos destinan millones de euros a perpetuar una tradición que desangra no solo a los animales, sino a la ética. En Valencia, 450.000 euros han fluido hacia la tauromaquia en 2025; en Madrid, más de 40 millones se esfumarán en remodelar Las Ventas, un monumento al dolor.
En Valencia, el gobierno de Carlos Mazón —respaldado por Vox— ha inyectado 150.000 euros adicionales a la tauromaquia en sus presupuestos de Emergencia, sumándose a los 300.000 euros entregados en junio a la Fundación Toro de Lidia bajo el impulso de Vicente Barrera, exvicepresidente de Vox. Madrid, por su parte, no se queda atrás: Isabel Díaz Ayuso ha convertido Las Ventas en su bastión ideológico, destinando 40 millones de euros a su remodelación —que se suman a los 2,2 millones entregados previamente— y 3,1 millones a retransmisiones taurinas en Telemadrid.
“No hablamos de cultura, sino de subsidios a la crueldad”, denuncia Aïda Gascón, directora de AnimaNaturalis en España. “Mientras los hospitales y las escuelas piden recursos, ellos gastan millones en ensañarse con seres vivos. Es una obscenidad política”. Los datos le respaldan: según el diario Público, la tauromaquia recibe 18 veces más fondos públicos que los programas de protección animal en la Comunidad Valenciana.
En Madrid, los presupuestos recortan 12% en Cultura, pero asignan 1,7 millones de euros a la Fundación Toro de Lidia para eventos promocionales. Vox y el Partido Popular (PP) han convertido los toros en un arma de su “guerra cultural”, ignorando que el 84% de los españoles rechaza estas subvenciones, según una encuesta de IPSOS (2024).
La solución no es compleja, pero requiere valentía. Primero: eliminar los subsidios públicos a la tauromaquia y redirigirlos a santuarios y programas de bienestar animal. Segundo: aprobar una Ley Estatal de Protección Animal que prohíba espectáculos con sufrimiento, siguiendo el ejemplo de Cataluña —donde los toros fueron abolidos en 2010— o de Colombia y México. Tercero: educar. “Necesitamos campañas que muestren la realidad tras los festejos”, propone Gascón. “Cuando la gente vea a un ternero separado de su madre para ser torturado, entenderá que esto no es arte”.
No permitamos que nuestro silencio financie el dolor de los toros. “Cada euro que quitamos a la tortura es una victoria”, concluye Gascón. “Y cada persona que se une a esta lucha, es esperanza”.
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