La corrida de toros que se anuncia para este 9 de agosto no ha asegurado el cumplimiento de la ley balear, que exige cambios estructurales en la plaza de toros, exámenes anti-dopping para los animales y todos los profesionales taurinos y restricciones en asistencia de menores a los espectáculos, entre otros. Junto a esto, se ha prohibido el acceso de cámaras fotográficas y de vídeo a la plaza y las autoridades no parecen tener claridad acerca de quién tiene competencias para inspeccionar y actuar en caso de irregularidades.
Hasta tres días antes de la anunciada corrida de toros, la empresa organizadora del evento no permitió el acceso de los técnicos municipales a la plaza de toros para llevar a cabo la inspección regular. Esto supone una clara contravención a la Ley 9/2017, de regulación de las corridas de toros, cuyo art. 15.3 considera infracción muy grave “impedir u obstaculizar el cumplimiento de las funciones de inspección de los o las agentes de la autoridad”, por lo que se espera un expediente sancionador por parte del Ayuntamiento de forma inmediata. Hasta un día antes de la celebración del espectáculo, aún no recibía el permiso para realizarse.
“Esta postura opaca no es más que un anticipo del menosprecio a la ley que regula actualmente las corridas de toros en dicho recinto, que ya ha sido censurado por la entidad taurina y ese adelanto supuestamente supone una nula voluntad de respetar las numerosas prescripciones legales que deben observarse antes, durante y después de la celebración del espectáculo”, explica Anna Mulá, abogada de la Fundación Franz Weber, experta en derechos para los animales y consultora de la ley balear.
Las entidades animalistas promotoras de la ley balear AnimaNaturalis, CAS Internacional, Fundación Franz Weber, AVATMA y Libera!, recuerdan que en la Ley 9/2017 mantiene en vigencia numerosos artículos en los que se incluyen numerosos e innovadores requisitos a los que el sector debería atender para celebrar corridas de toros en las Islas Baleares.
“La anulación de la Ley que reguló las corridas de toros en las Islas Baleares. Cuando el Tribunal Constitucional declaró que es fundamental la muerte del toro para conservar la integridad de las corridas de toros, permitió que otros elementos de la ley balear se convirtieran en el próximo estándar para la tauromaquia en España”, declara Aïda Gascón, directora de AnimaNaturalis en España. “Se deben realizar pruebas de uso drogas en los animales y profesionales taurinos, prohibir el consumo de alcohol, evitar la entrada de menores de 18 años y otras muchas mejoras en temas de seguridad y bienestar de los animales”, agrega.
Además del cumplimiento del estricto régimen sancionador contemplado en la Ley 9/2017, que incluye la revocación de la licencia de actividades de la plaza de toros por la comisión de las infracciones graves y muy graves, el órgano administrativo correspondiente puede suspender o prohibir la celebración de dicha corrida con anterioridad o durante el espectáculo si se dan las circunstancias descritas, que incluye la de “no reunir la plaza los requisitos exigidos” o cualquier circunstancia de otra índole (arts. 31 y 85 del RD 145/1996).
“Hay que prestar mucha atención al incumplimiento de aspectos relativos al bienestar animal en el embarque, transporte y desembarque de los toros, reconocimientos previos y posteriores al espectáculo del bienestar físico y psíquico de los toros”, explica José Enrique Zaldívar, veterinario de AVATMA. “Nos llama mucho la atención que los animales que participarán provienen de una ganadería sevillana y no se puede asegurar el bienestar de animales que recorren tal distancia ni se han presentado informes que lo demuestren”, agrega.
Las organizaciones animalistas advierten asimismo que exigirán las responsabilidades que correspondan, dirigiendo las acciones de carácter administrativo, penal y civil a totas las entidades y personas que no hayan cumplido con sus funciones, inclusive contra quien ostente la presidencia de la Plaza de toros durante la celebración de la corrida del día 9 de agosto. Para ello, se solicitará acceso al expediente en los términos previstos por la legislación sobre derecho a la información pública y transparencia y buen gobierno, para comprobar que se ha cumplido con toda la normativa aplicable.
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