Este jueves 10 de agosto se celebra la única corrida programada en la Plaza de Toros de Palma con centenares de personas en contra. “El nuevo gobierno conservador de Partido Popular y VOX están fomentando este tipo de espectáculos sin escuchar razones éticas ni mirar las estadísticas de bajo interés por este tipo de espectáculos”, explica Eliana Guerreño, coordinadora de AnimaNaturalis. “Las tradiciones son una manera de expresar quienes somos, y la sociedad balear dista mucho de identificarse con sangre derramada y el último suspiro de un animal torturado”, agrega.
Según datos oficiales del Ministerio de Cultura, el número de espectáculos taurinos en plaza han mantenido un descenso sostenido desde 2015 en adelante, sin contar con los años anómalos de la pandemia.
Según el mismo Ministerio de Cultura, sólo el 8% de la población asistió a algún espectáculo taurino en el período de 2018-2019. Sólo el 5,9% de ellos acudió a una corrida de toros, novillos o rejones en plaza y una quinta parte de todos los asistentes lo hizo con entrada gratuita.
También se publica el dato de que en 2018 un 92% de España no asistió a ningún festejo. Entre los motivos que exponen para no hacerlo, el 40% adujo no tener interés alguno en la materia y el 20% que, directamente, no lo entendía.
A pesar de esto, se calcula que más de 9.000 toros morirán y más de 50.000 serán alquilados para ser explotados en festejos populares, cuyo destino será igualmente la muerte, este año o los siguientes.
El mismo estudio indica que el 80% de los espectáculos taurinos en España se concentran en las provincias de Madrid, Toledo, Salamanca, Ávila y Cuenca.
En la actualidad, Canarias y Cataluña consideran abolidas las corridas de toros y en Asturias también se ha cesado de celebrar este tipo de espectáculos por la negativa de Gijón a permitirlas.
En Islas Baleares se aprobó normativa en 2017 para seguir los pasos del resto de las Comunidades Autónomas que han prohibido la tauromaquia, pero el Tribunal Constitucional hizo retroceder este avance, a petición del gobierno de Mariano Rajoy, quien ya había declarado la lidia como patrimonio cultural en 2013.
