La caza en barraca ha recibido un nuevo y duro golpe de la Unión Europea. El abogado general del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, L.A. Geelhoed, ha emitido su dictamen definitivo sobre el expediente abierto a España por permitir la caza en barraca o parany en la Comunidad Valenciana. Tras analizar el tema, evaluar los informes de España, la Comunidad Valenciana, las asociaciones de barraquistas y los grupos ecologistas, el abogado general concluye que España incumple la directiva 79/409/CEE relativa a la conservación de las aves silvestres. Por ello, propone al Tribunal de Justicia que condene en costas al Reino de España.
La caza en barraca en las Terres de l'Ebre lo tiene muy difícil para conseguir su legalización, pese a la voluntad del nuevo gobierno de la Generalitat de Catalunya de autorizar, bajo ciertas condiciones, este método tradicional de caza. Este año, el Departament de Medi Ambient ha autorizado en las Terres de l'Ebre 250 barracas dentro de un programa piloto que tiene por objetivo legalizar la caza en barraca. Sin embargo, el programa piloto podría no tener continuidad si el Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Europeas condena finalmente a España por permitir este sistema de caza en la Comunidad Valenciana. Los valencianos ya llevan varios años practicando la caza en barraca, denominada parany en esta comunidad. Su práctica motivó la denuncia de los grupos ecologistas a la Comisión Europea de Medio Ambiente que traspasaron la queja al Tribunal de Justicia Europeo.
Tras meses de declaraciones escritas, informes e investigación, el abogado general que ha llevado el expediente ha emitido finalmente sus conclusiones, según las cuales el juez dictará sentencia. Las conclusiones del abogado general no dejan lugar a dudas: «Este método no es suficientemente selectivo y propongo al Tribunal de Justicia que declare que el Reino de España ha incumplido las obligaciones de la Directiva de Aves silvestres y condene en costas a España. El Gobierno español centró su defensa en cuatro aspectos: el carácter selectivo del método de caza, evitar los daños de los tordos a la agricultura, la inexistencia de métodos alternativos adecuados y que el criterio de pequeñas cantidades de la directiva europea no constituye un valor absoluto, sino que se refiere al mantenimiento total y a la situación reproductiva de cada especie. Sin embargo, el abogado general del Tribunal de Justicia rebate todos y cada uno de los argumentos del Gobierno español con un total de 47 puntos. En ellos afirma que de acuerdo con la directiva europea, los Estados miembros deben prohibir la liga como medio empleado para capturar o matar aves.
Respecto a los perjuicios a la agricultura, el abogado general considera que es «insuficiente» para aplicar este sistema, pues existen otros métodos sí autorizados para cazar, capturar o ahuyentar las aves, como la caza con escopeta y los espantapájaros ordinarios como el cañón de ruido. «El Gobierno español tampoco ha logrado ser convincente por que la caza en barraca supone la solución a los daños supuestamente sufridos en los cultivos. Resulta que el 80 por ciento de los paranys se localizan en la provincia de Castellón, de los que el 69 por ciento se encuentran en zonas donde no se practican las modalidades de cultivo afectadas (olivos y vides)» argumenta en las conclusiones. Finalmente, el abogado general afirma que el empleo de varitas en las barracas constituye por sí sólo un método de captura no selectivo porque no se puede evitar que otras aves se queden adheridas. Al respecto, el abogado general desacredita la posibilidad de liberar a las aves protegidas argumentando que «esto depende de la meticulosidad del titular de la licencia en cumplirlo y, en segundo lugar, de si las aves capturadas accidentalmente resultan o no lesionadas. Además, existe incertidumbre sobre la probabilidad de supervivencia de los insectívoros cuando son puestos en libertad tras haber recibido el tratamiento correspondiente».
La Asociación para la Protección y el Bienestar de los Animales (ANPBA) ya ha manifestado su satisfacción por las conclusiones del abogado general del Tribunal de Justicia y pide a la Generalitat de Catalunya que rectifique. En el programa piloto iniciado este año en las Terres de l'Ebre, donde se han autorizado 250 barracas, se han registrado un total de 96 denuncias, 47 a personas autorizadas para la caza en barraca y 49 a personas no autorizadas. El conseller de Medi Ambient, Salvador Milà, hará una valoración del programa el próximo 20 de enero, durante una visita que realizará al territorio, cuando anunciará las intenciones del Gobierno de la Generalitat respecto al futuro de la caza en barraca.
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