No nos cansamos de denunciar las malas condiciones de los caballos que transportan a los turistas por Palma de Mallorca, cuyas licencias son vitalicias y se pasan de padres a hijos. El Ajuntament debiera decomisar y rescatar a estos animales, pero el Consistorio solo se remite a reconocer que “va un poco apurado con la regulación".
Palma sufre en estos momentos 38 grados a pleno sol. Es la ola de calor más larga desde que hay registros en Islas Baleares y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha decretado alerta amarilla. Sin embargo, las galeras tiradas por caballos continúan siendo utilizadas como un reclamo turístico. Decenas de personas pagan 50 euros por trayecto para ahorrarse la temperatura, sin pensar en el bienestar de los caballos.
Cada año las noticias suelen ser similares: “Un caballo de galera cae desplomado en Palma”. “Inmovilizan y denuncian una galera que era tirada por un caballo de avanzada edad y cojo de ambas patas”. “Un caballo de una galera muere en Palma por un golpe de calor”. Guillermo Amengual, ex coordinador de AnimaNaturalis en Islas Baleares y actual presidente del partido Progrés en Verd, lo tiene claro: “Los caballos están en malas condiciones, muy delgados. Hay animales que no podían caminar más. Los hemos podido ver y lo hemos denunciado, pero después nunca se encuentra al caballo”. Por este motivo, y entre muchas otras cuestiones, piden revisiones veterinarias exhaustivas antes del verano. Según Amengual, en el último informe había unos cinco caballos que no eran aptos, pero tampoco se puso luego ningún tipo de control. “¿Cómo controlas que no salgan a la calle?”, se pregunta. “Lo consideramos explotación animal”, continúa.
Sin duda la cuestión del calor es uno de los principales agravantes de la situación que viven estos animales. En 2019, el Ajuntament de Palma aprobó un decreto para prohibir su circulación entre las 12 y las 17 horas en días en los que la AEMET decretaba alerta amarilla, naranja o roja por temperaturas extremas, pero el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TJSIB) lo tumbó por una cuestión de forma: no tenía rango de ordenanza y, por lo tanto, no se podía regular de esta manera. Después, vino la pandemia y todo se retrasó aún más. Explica el regidor de Mobilitat del Ajuntament de Palma, Francesc Dalmau, que no pudo ser hasta el primer semestre de este 2022 cuando se puso en marcha la modificación de la ordenanza. Pero hoy aún no ha entrado en vigor.
De hecho, Amengual se muestra muy crítico con este punto: “No cumplen su palabra desde 2014 y ya ha llovido mucho. Además, la ordenanza es de 2003, es muy antigua, ¡hasta en la parte de sanciones administrativas habla de pesetas y euros! Eso deja muy claro que todos los que han pasado no han querido hacer caso. Ahora, a diez meses de las elecciones, todos quieren ser animalistas”.
Ahora, según Dalmau, acaba el plazo de alegaciones del cambio de ordenanza que se acordó de manera inicial en el mes de mayo, para devolverlo al pleno y aprobarlo de manera definitiva. Pero reconoce que los tempos no son los que les gustarían: “Vamos mal, un poco apurados. Cuando conozcamos todas las alegaciones, si son muchas, no sé si llegaremos a tiempo. Si no, quizá la podremos elevar en el próximo pleno”. Dalmau considera que el Ajuntament se ha puesto “cuando ha podido” y lo achaca a una falta de recursos humanos y al grueso de actividad que tiene, ahora mismo, su área.
Amengual insiste en que este equipo de gobierno ha tenido ocho años para hacer las modificaciones pertinentes, según las “promesas” que habían hecho los partidos los años previos a las elecciones de 2015. Pero Dalmau dice que el retraso se debe a que, en primer lugar, se trabajaba en una nueva ordenanza de bienestar animal, con la que confiaban en poder reglamentar aspectos que tienen que ver con las galeras: “Era mucho más interesante tener una ordenanza más proteccionista y garantista por los derechos de los animales y no modificar la ordenanza de 2003 solo por las galeras”, explica el regidor. Además, recuerda que había una intención del Gobierno de sacar una ley en esta dirección. “Muchas normas que querían recoger estos aspectos han esperado tener en vigor esta norma”, incide. De todos modos, Dalmau reconoce que se trata de “una cuestión que a nivel social cada vez tiene más apoyo y que desde Cort son muy conscientes de que se debe reglamentar”.
La web del Ajuntament, además, publicita las galeras como “un servicio que refuerza la oferta de movilidad turística”. Las primeras existen desde marzo de 1958, coincidiendo, justamente, con el inicio de la actividad turística. Sus conductores eran personas vinculadas a actividades agrarias que tenían las habilidades necesarias para su manejo. El máximo de vehículos que se llegaron a aceptar fue de hasta 78. Ahora, estas galeras están administradas por varios clanes de familias. Entre ellos ha habido problemas y hasta se hacen denuncias anónimas y se queman carruajes. También se pregunta dónde duermen, en sitios con condiciones muy malas y que no cumplen los reglamentos.
Sustitución de las galeras por vehículos eléctricos
En los días de temporada alta, con un solo paseo por la ciudad, es fácil comprobar algunas de las infracciones que cometen los galeristas. Por ejemplo, llevar a seis pasajeros cuando el máximo son cinco o tener atados a los caballos sin ningún conductor encima de la galera. Para evitar accidentes y para asegurar el bienestar de los animales, uno de los principales objetivos que persiguen tanto los animalistas como el Ajuntament es sustituir la tracción animal por unas galeras eléctricas. Sin embargo, en 2014 ya se acordó reclamar este cambio, han pasado los años y ninguna galera se ha sustituido. Durante estas dos legislaturas de pacto de izquierdas ha habido un acuerdo entre los tres partidos para llevarlo a cabo, pero nunca una propuesta firme en el pleno.
“Consideramos que tiene que ser una decisión municipal”, recalca Dalmau, quien considera que “sería positivo que todos los partidos del Gobierno de Palma y de la oposición se pusieran de acuerdo con esta transición necesaria”. En esta dirección, confía en que “sea más pronto que tarde para poder acabar de una vez por todas con que las galeras sean tiradas por animales”. ¿Es factible, hoy día? El Ajuntament no lo tiene del todo claro, pero asegura que trabajan en distintos ámbitos para llegar a estos acuerdos en las próximas semanas o meses. Sin embargo, no hay evidencia de una verdadera voluntad política. "Se pasan la pelota y nadie hace caso. La gente está muy enfadada. Vemos que se hacen cosas muy graves y aquí no pasa nada. Si continúan sin contestar a nuestros escritos, habrá una denuncia por prevaricación”, explica Amengual.
Licencias familiares y de por vida
Uno de los problemas con los que se encuentra el Ajuntament es que las licencias que existen –hoy 28– son vitalicias y se pueden transmitir de padres a hijos. Además, es complicado llegar a acuerdos con los galeristas para rescatarlas por su elevado precio, que ronda unos 100.000 euros, aproximadamente, cada una. Y en el futuro podría haber peligro de que se especulase con este precio.
Sin embargo, con las infracciones que se están dando, estas licencias ya se podrían retirar. “Algo pinta muy mal como para no hacer cumplir la ley. No se hacen ni actuaciones mínimas”, explica Amengual. Quizás no se pueden eliminar todas las licencias de golpe, pero en ocho años no se ha quitado ni una.
Ante las críticas, algunos galeristas aseguran que no quieren hablar con los medios, pero sí que aseguran que entre el Ajuntament y los animalistas. Asegura que los animales están bien cuidados, comiendo equilibradamente y en la sombra. Además, dicen que los remojan y les dan agua después de cada paseo. Defienden que tienen el certificado de calidad y que es a ellos a quienes les interesa que los caballos estén en buen estado, ya que su negocio depende de esto. Y aún dicho todo esto, cada año los caballos sufren accidentes, muertes y problemas de salud relacionadas con golpes de calor y agotamiento extremo.
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