Con la aprobación el pasado 10 de marzo de la Ley de Medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público para 2023, la Generalitat de Catalunya ha incluido una modificación en el texto refundido de la Ley de Protección de los Animales de Cataluña de 2008. A través del artículo 62.1 se reducen a la nada las garantías mínimas exigidas a los cazadores por sus perreras de menos de quince individuos. A la espera de los datos oficiales, los diputados de ERC, PSC, PP y la mayoría de los Parlamentarios de Junts han votado para eliminar una gestión considerada un estorbo burocrático por los cazadores. CUP y En Comú Podem presentaron sendas enmiendas contra la modificación del artículo de la ley de los animales, conscientes de que eliminar los controles era un grave error.
El último día de febrero la consejera Teresa Jordà recibió a una representación de más de setenta entidades animalistas de todo el territorio junto con representantes del Colegio de Veterinarios de Barcelona y del Colegio de la Abogacía de Barcelona. Ella y otros cargos de su confianza, escucharon por boca de los profesionales los motivos científicos, técnicos, económicos y sociales que justificaban mantener intacto el texto refundido de la ley de Protección de los Animales en lo que se refiere a los núcleos zoológicos. La política de ERC aceptó como un error dentro de la nueva Ley de Medidas Fiscales aniquilar las garantías de la ley catalana de los animales de 2008 y prometió corregirlo. Habló de retirar este apartado del texto, concretamente el artículo 62.1 de la ley que sostiene los presupuestos pactados. Manifestó poder hacerlo incluso muy poco antes de su debate parlamentario. El viernes por la tarde pudo hacerse evidente que no había cumplido la promesa.
De forma irresponsable las instalaciones de centros de importación y perreras de caza y deportivas que alojen menos de una decena y media de perros mayores de tres meses de edad; y un número no establecido de crías, estarán exentas de una atención facultativa colegiada obligatoria. Pasamos de necesitar un aval veterinario, por una serie de tareas mínimas de control sanitario y de bienestar animal, a estar sujetas a una controvertible declaración de responsabilidad de los propietarios. Ya no será necesario estar inscrito en el Registro de Núcleos Zoológicos de la Generalitat de Catalunya. Sin publicidad, interlocución, asesoramiento experto, ni debate y con urgencia se abre la puerta a más enfermedades, mayor maltrato animal y más fraude por la cría y venta de perros. Por la puerta trasera. Con un decreto de apoyo a unos presupuestos y con un acuerdo político de gobernabilidad, desde el Ejecutivo han anulado una medida garantista avalada por la ciencia y una norma que duraba casi un cuarto de siglo.
Pese al desencanto derivado del contenido y los resultados de la primera reunión con la consejera y haciendo un ejercicio grupal de responsabilidad pedimos una reunión urgente con Teresa Jordà. Un número creciente de entidades animalistas y de defensa de la naturaleza, en línea con la autoridad y la experiencia del Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona y de la Comisión de Derechos de los Animales del Consejo de Colegios del abogacía son interlocutores de referencia obligatoria para el buen desarrollo de los objetivos de la Consejería que preside Jordà.
Por todo ello, nos hemos concentrado hoy, 14 de marzo, ante la Consejería de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.
Colegios profesionales y entidades animalistas y de protección de la naturaleza lamentamos no ser tenidas en cuenta por el ejecutivo catalán.
Limitar la obligatoriedad de la tramitación de núcleos zoológicos en las perreras grandes de los cazadores significa un retroceso en políticas que hacían de Cataluña una referencia por todo el Estado.
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