El toro cae al suelo, su lomo atravesado por banderillas, su respiración entrecortada convertida en espectáculo. Esta imagen, repetida por décadas en plazas mexicanas, es el corazón de un debate que hoy hierve en los tribunales y calles de la Ciudad de México. La Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia (SC-TSJ) desechó este martes un recurso presentado por el diputado Alberto Vanegas (Morena), quien buscaba frenar la discusión de la iniciativa ciudadana para prohibir las corridas de toros. Mientras el reloj avanza hacia una votación definitiva posiblemente este jueves 13 de marzo, activistas y legisladores se enfrentan en una batalla entre tradición y compasión.
Los datos son contundentes: cada año mueren aproximadamente 250 toros sólo en Ciudad de México (y unos 4.500 en el resto del país), sometidos a una agonía de 20 minutos en promedio. “No hablamos de cultura, sino de tortura legalizada”, sentencia Arturo Berlanga, director de AnimaNaturalis en México, mientras recuerda cómo estos animales son debilitados con laxantes y golpes antes de entrar al ruedo. La resolución judicial, disponible en el expediente SC-TSJ/2024/TAU-001, deja claro que ninguna institución puede obstruir el proceso legislativo: “Pretender entrar al estudio de la solicitud planteada sería invadir facultades originarias del Poder Legislativo”.
Argumentan que se trata de una industria que genera $1,200 millones de pesos anuales, según la Secretaría de Cultura. Pero los defensores de los animales no se rinden: “El argumento económico es una cortina de humo”, insiste Berlanga, citando estudios de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) que demuestran que menos del 3% de los empleos en plazas como México o La Santa María son permanentes.
El diputado Vanegas alegó que prohibir la tauromaquia violaría los derechos de los “pueblos y barrios originarios”, pero la resolución judicial fue lapidaria: “No existe fundamento legal para vincular las corridas de toros con derechos indígenas”. Para Berlanga, esto evidencia una estrategia dilatoria: “Es una burla a las comunidades. ¿Desde cuándo el maltrato animal es patrimonio cultural?”.
La revolución ética que México necesita
El camino hacia la abolición no es nuevo. Desde 2013, estados como Sonora, Guerrero y Coahuila han prohibido las corridas de toros, demostrando que el cambio es posible sin colapsar economías locales. En la CDMX, la iniciativa propone reemplazar las plazas por centros culturales multidisciplinarios, un modelo ya exitoso en Barcelona y Bogotá.
Daniela Álvarez (PAN), presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, ha sido clave al promover un dictamen que excluye a las peleas de gallos, pero mantiene el núcleo de la propuesta. “Es un primer paso. La sociedad ya no tolera que la diversión dependa del dolor”, afirma. Arturo Berlanga ve aquí una oportunidad histórica: “México podría convertirse en el país más poblado del mundo en prohibir la tauromaquia. Sería un mensaje contundente: el progreso no se mide en tradiciones, sino en cómo tratamos a los más vulnerables”.