Entre 2017 y 2019, una veterinaria que ejercía en Badajoz, provocó la muerte de varios perros descartados para la caza a requerimiento de sus propietarios y sin ajustarse a los protocolos exigidos. El Ministerio Público pide para ella dos años y ocho meses de cárcel por un delito continuado de falsedad documental.
Prácticamente ninguno de los galgos y podencos sacrificados superaba los cinco años de edad. No estaban enfermos ni suponían ningún tipo de riesgo para la salud pública. Tampoco tenían alteraciones graves del comportamiento que pudiesen poner en riesgo la integridad de sus propietarios. Simplemente ya no servían para desarrollar su trabajo.
Ante la manifestación de sus dueños de querer deshacerse de ellos, la veterinaria les ofrecía acabar con sus vidas sin dolor con una inyección letal a cambio de 15 euros. El precio de estas prácticas no suele ser inferior a 40 euros, por lo que se asume que la rebaja tenía la intención de “fidelizar o incluso aumentar la clientela”, según ha informado la Agencia EFE.
Después, hacía constar en el Registro de Identificación de Animales de Compañía de Extremadura que estos animales morían a causa de accidentes o enfermedades. Ahora, se enfrenta a cargos por 39 casos de maltrato animal.
Cada uno de los 11 propietarios encausados por el sacrificio injustificado de sus animales se enfrenta a una pena de 15 meses de prisión por cada delito, que en un caso ascienden hasta 8. La veterinaria llegó a certificar la muerte de varios perros de un propietario en un mismo día por causas como accidentes o enfermedades.
Las 12 personas propietarias de los perros asesinados, en su mayoría galgos, están acusadas de entre 2 y 8 delitos de maltrato animal cada una.
Desde AnimaNaturalis condenamos la desprotección a la que se ven expuestos los perros de caza en España, y seguiremos luchando por el logro de la igualdad de derechos para todos, sin importar la actividad a la que se dediquen.
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