En medio de un escenario político y social polarizado, la lucha por prohibir las corridas de toros en la Ciudad de México enfrenta un nuevo capítulo marcado por acusaciones de corrupción, tráfico de influencias y la injerencia cuestionable del Poder Judicial.
A solo siete días de que el Congreso local discutiera una iniciativa ciudadana histórica para erradicar estos espectáculos, la Sala Constitucional del Tribunal Superior de la Ciudad de México frenó el proceso, desatando indignación entre defensores de los animales y revelando grietas en el sistema democrático.
El 1 de septiembre de 2024, el movimiento México Sin Toreo —respaldado por AnimaNaturalis y 77 otras organizaciones animalistas— presentó una iniciativa para prohibir corridas de toros, novilladas, peleas de gallos y otros eventos que implican sufrimiento animal. Con 27,442 firmas validadas por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), superó holgadamente el 0.25% requerido de la lista nominal electoral (19,567 firmas). La propuesta buscaba reformar la Constitución local y la Ley de Espectáculos Públicos, argumentando que estas prácticas violan principios de bienestar animal y ética social.
Sin embargo, el camino legislativo se topó con obstáculos. Aunque el Congreso admitió la iniciativa en enero de 2025, su discusión fue bloqueada el 1 de marzo por un recurso presentado por el diputado morenista Alberto Vanegas (MORENA), cercano al empresario taurino Pedro Haces. La Sala Constitucional ordenó al Congreso abstenerse de analizar o votar la propuesta, alegando que “carece de sustento” y viola la división de poderes.
"La tauromaquia es el único 'arte' donde la corrupción es el pincel y la sangre del toro la pintura. Cada recurso ilegítimo que frena su prohibición revela cómo las instituciones protegen redes de poder, no tradiciones", explica Arturo Berlanga, abogado especialista y director de AnimaNaturalis en México.
La sombra del poder
Sofía Morín, vocera de la coalición México Sin Toreo, denuncia que la resolución judicial es una “maroma” para dilatar el proceso: “Es tráfico de influencias. Cuando la diputada Daniela Álvarez pidió una consulta ciudadana, se le negó. Pero el recurso de Vanegas, sin bases legales, fue aprobado a siete días del plazo límite”. El Artículo 2 y 36 de la Ley de la Sala Constitucional no otorgan facultades al Poder Judicial para interferir en asuntos legislativos en etapa de análisis. "Muchos juristan consideran que la Sala se extralimita. No hay ley vigente que justifique esta orden”, explica Berlanga.
Diputados de Movimiento Ciudadano, como Royfid Torres y Patricia Urriza, y del Partido Verde, preparan posicionamientos en contra de la suspensión que dilata el proceso de dictaminación, que ha llevado a distintos diputados a enfrentarse y difamarse en el Congreso capitalino. El diputado Vanegas defiende su postura: “Debemos escuchar a las comunidades originarias y barrios taurinos”, argumenta, aunque omite mencionar su vínculo con el también diputado Pedro Haces Lago (MORENA), figura clave en la industria de las corridas de toros.
"Mi intención no es obstaculizar o frenar la reforma ciudadana que se discute en el Congreso sobre la prohibición de espectáculos públicos con animales; específicamente corridas de toros”, expresó cínicamente el diputado Alberto Vanegas. "Debemos escuchar a todas las voces, por eso creo que los barrios originarios y comunidades de la Ciudad de México también deben ser tomados en cuenta en este análisis. Estamos viviendo tiempos de verdadera democracia y considero que este tema involucra a todos los sectores y población en general”, agregó.
La tensión refleja una lucha más amplia. En abril de 2023, grupos taurinos reunieron 34,000 firmas para proteger la fiesta brava, equilibrando la presión social. No obstante, la iniciativa actual es la primera en alcanzar el carácter preferente, obligando al Congreso a priorizarla.
Esta no es la primera vez que la voluntad ciudadana choca con intereses políticos. En 2022, una iniciativa similar con 15,546 firmas fue archivada sin votación. Ahora, los promotores de México Sin Toreo anuncian un amparo para revertir el fallo judicial, mientras exigen transparencia: “La tauromaquia es corrupción. No permitiremos que siga manchando nuestras instituciones”, sentencia Berlanga.
Un debate que trasciende lo legal
El caso no solo cuestiona la ética hacia los animales, sino la integridad democrática. ¿Pueden los intereses económicos y las redes de poder sabotear iniciativas avaladas por la ciudadanía? La respuesta definirá el rumbo de la Ciudad de México como un territorio que aspira a ser líder en derechos animales y participación social. "México no puede llamarse progresista mientras jueces y diputados prioricen intereses taurinos sobre el mandato constitucional de proteger la vida. Prohibir las corridas no es opción: es deuda ética con las futuras generaciones", dice Berlanga.
Mientras el Congreso y la Justicia se enredan en disputas de competencia, miles de toros y gallos siguen sufriendo en espectáculos que, para muchos, son vestigios de una cultura de violencia disfrazada de tradición. "La pelota está en la cancha de la sociedad: exigir que la corrupción no silencie su voz", expresa con severidad Berlanga.
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