Las entidades FAADA, Ecologistes en Acció, AnimaNaturalis, Fundació Fauna, ADDA, Depana, AVDA, Libera! y Lex Ànima, mostramos nuestra gran preocupación tras las recientes declaraciones del presidente de la Federación Catalana de Caza, el Sr. Sergio Sánchez, sobre sus conversaciones con el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya y que el resultado de éstas pueda ser satisfactorio para su colectivo.
En el caso de que las peticiones de los cazadores fueran aceptadas, la Conselleria de Territori i Sostenibilitat ampararía privilegios para el sector que representa que supondrán un menoscabo para el bienestar de los perros de caza y que, en algún caso, no se ajustan a la legalidad vigente.
En concreto, los cazadores han solicitado a la Generalitat que se les permita tener hasta 20 perros de más de 8 meses (y un número ilimitado de perros menores de 7 meses) utilizados para la caza de ungulados, sin necesidad de estar inscritos en el registro de núcleos zoológicos; la amputación de orejas y rabos con un mero informe veterinario que lo avale; y que los perros considerados potencialmente peligrosos -que por su gran fuerza física y tamaño causan grandes destrozos y un gran sufrimiento a los animales salvajes, y a los que se les está entrenando para el ataque, actividad totalmente prohibida- puedan estar sin bozal en las batidas.
Tal como indica la propia Orden del 28 de noviembre de 1988 del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, para la creación del registro de núcleos zoológicos, su finalidad es la de asegurar la protección y el mantenimiento en condiciones adecuadas de los animales acogidos en centros como perreras deportivas, centros de cría, residencias o refugios. El hecho de no estar inscritos en dicho registro fomentará que no se pueda controlar el estado en el que se encuentran los perros en dichos lugares; perdiendo el derecho que en la actualidad les ampara al respecto. La actual labor inspectora de la administración, que tiene como objeto comprobar las condiciones de mantenimiento y estado de los perros destinados a la caza, se verá en el mejor de los casos obstaculizada al no estar ya en un núcleo zoológico, sino en una propiedad privada. Los perros se encontrarán en lugares que no tendrán la obligación de contar con las condiciones mínimas (sanitarias, ambientales, etc.), ni existirá un control de la entrada y salida de animales mediante el libro de registro exigidas a los núcleos zoológicos y de lo que estarían también exentos de obligación.
Sin duda, las políticas promovidas por la Generalitat deberían ir enfocadas a la prevención para empezar a poner solución a la grave problemática de maltrato y abandono de animales de compañía (fin a la cría de perros de particulares, control exhaustivo de los centros en los que se mantienen, de la identificación, etc.) que redundaría en un ahorro del coste que a la administración le supone la recogida y mantenimiento de los perros que viven hacinados en los centros de acogida, muchos de ellos, desechos del cruento hobby que es la caza.
Las organizaciones recordamos que uno de los principales motivos por el cual se abandonan cerca de 105.000 perros cada año en España es el fin de la temporada de caza, según el estudio anual “El nunca lo haría” de la Fundación Affinity sobre el abandono, la pérdida y la adopción de animales de compañía.
Respecto a la amputación de orejas y rabos recordamos que su prohibición fue uno de los mayores avances en materia de bienestar animal, por lo que cualquier modificación en la situación actual sólo podría considerarse como un retroceso en este ámbito y, por consiguiente, nos oponemos rotundamente ya que se ampararía administrativamente a lo que en la actualidad es un delito de maltrato animal.
Finalmente, el Sr. Sánchez también ha anunciado un acuerdo entre los Departaments d’Agricultura, Ramaderia i Pesca y Ensenyament para la realización de charlas en los colegios en las que se explique al alumnado los supuestos beneficios de esta cruenta práctica, que implica la persecución, acoso, tortura y muerte de animales en su hábitat.
La Generalitat de Catalunya, en concreto la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, parece que, para contentar a un colectivo que en estos momentos está realizando una fuerte presión a la administración por la subida del importe de las sanciones, está dispuesto a canjear el bienestar de los perros utilizados en el sector cinegético.
Ya sería hora que la Conselleria de Territori i Sostenibilitat pusiera los medios humanos y económicos para paliar la gravísima problemática de sobrepoblación, maltrato y abandono de perros que sufre Catalunya, porque hasta la fecha ha dejado claro su desinterés total y absoluto mostrándose incapaz de aprobar medidas contundentes que ayuden a poner solución a esta lamentable situación que viven nuestros animales y que es una vergüenza para una sociedad, como la catalana, cada vez más ética, sensible y que reclama medidas urgentes en este sentido.
Con la concesión de todos estos privilegios al sector de la caza, la Generalitat de Catalunya no sólo no contribuiría a la mejora del bienestar animal, si no que emprendería un camino en sentido opuesto cuyo destino no será en ningún caso positivo para los perros afectados.
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