Hace pocos días ha entrado en vigor el nuevo reglamento taurino autonómico y ya 168 pueblos andaluces integran la Red de Municipios Taurinos de Andalucía. El propio Antonio Sanz (PP), consejero de la Presidencia andaluza, celebra esta situación como un "blindaje contra ataques políticos". El Decreto 87/2025, aprobado en marzo de 2025, no solo agiliza trámites para festejos: eleva el peso máximo de los novillos a 450 kg en plazas portátiles, reduce veterinarios en espectáculos y prioriza supuestos "valores éticos" que no son otra cosa que una estrategia para invisibilizar el dolor.
"Hablan de ética mientras permiten que un animal de media tonelada sea lanceado y banderillado hasta la extenuación", denuncia Aïda Gascón, directora de AnimaNaturalis en España. Sus palabras contrastan con las cifras esgrimidas por la Junta: 4 millones de espectadores en Canal Sur y 1,3 millones de asistentes en 2024. Un negocio que, según Sanz, sostiene "miles de empleos", pero como suele suceder con esos argumentos, no existe ningún documento o estudio real que lo sustente. Todo empleo relacionado con la tauromaquia es temporal y precario, con muy pocas excepciones.
El decreto incluye detalles técnicos que preocupan: ambulancias obligatorias para humanos, pero solo veterinario en eventos sin muerte del animal. Para Gascón, esto revela prioridades claras. "Garantizan atención médica a quienes eligen lastimar, pero ignoran a las víctimas obligadas: los toros", explica.
Cuando el dinero ahoga la ética
El nuevo Reglamento no solo facilita los espectáculos, sino que los promueve. La Disposición Adicional Cuarta ordena a la Junta diseñar planes para "modernizar la tauromaquia", incluyendo campañas de promoción y conservación de plazas. "Es una estrategia para lavar la imagen de una práctica obsoleta", señala Gascón. Mientras, la norma elimina trámites administrativos y exige solo gestión telemática, acelerando autorizaciones sin evaluar el sufrimiento animal.
Pero el punto más alarmante es la reducción de veterinarios: en espectáculos sin muerte, solo un profesional supervisa reconocimientos previos y post mortem. Además, los análisis de muestras biológicas serán aleatorios, no sistemáticos. "Menos ojos sobre el ruedo significan más impunidad. ¿Cómo garantizar el bienestar animal si ni siquiera hay rigurosidad en los controles?", cuestiona Gascón.
El gobierno andaluz justifica su postura con datos económicos, pero omite costes ocultos. Las ayudas y subvencioes directas e indirectas a la tauromaquia se elevan a centenares de millones de euros cada año, incluyendo exenciones fiscales, premios y flexibilidad adminsitrativa. "Hablan de empleos, pero ¿a qué precio? Cada plaza llena normaliza la violencia", insiste Gascón.
Frente a la maquinaria taurina, dos fuerzas chocan: la estrategia andaluza de blindar la tauromaquia y la Iniciativa Legislativa Popular #NoEsMiCultura, con 664.777 firmas validadas, que espera su turno en el Congreso para eliminar protecciones legales a la tauromaquia como patrimonio cultural. "Es una batalla entre dos visiones: quienes ven a los toros como mercancía y quienes los defendemos como seres sintientes", resume Gascón.
Algunos puntos relevantes del nuevo reglamento:
- Fomento institucional: La Consejería competente en materia de espectáculos taurinos y el Consejo de Asuntos Taurinos de Andalucía deberán diseñar y ejecutar planes de fomento y promoción de la tauromaquia.
- Objetivos declarados: Entre los fines se incluye incrementar el conocimiento de la lidia, promover la crianza del toro bravo, conservar y modernizar los cosos taurinos y desarrollar estudios para “mejorar y actualizar” la práctica.
- Eliminación y simplificación de trámites: Se enfatiza la necesidad de desburocratizar el procedimiento de autorización, adaptándolo a las exigencias de la administración electrónica. Esto se traduce en la eliminación de “trámites innecesarios” y una reducción en la documentación requerida a los organizadores.
- Procedimientos telemáticos: Toda la gestión se refuerza con el uso exclusivo de medios electrónicos para la relación de las empresas organizadoras con la administración, lo que puede conducir a una mayor rapidez en la aprobación de los eventos.
- Reducción numérica de veterinarios: El reglamento señala que en ciertos espectáculos taurinos – especialmente aquellos en los que no se produce la muerte del animal – se reducirá el número de profesionales veterinarios necesarios. Concretamente, se establece la intervención de un único profesional para los reconocimientos previos y post mortem en algunas modalidades.
- Procedimientos post mortem y toma de muestras: Se actualizan y flexibilizan los procedimientos de reconocimiento de las reses y se contempla la posibilidad de realizar análisis aleatorios determinados por el órgano directivo central competente en materia de espectáculos.
Esta legislación, en lugar de adaptarse a las demandas éticas actuales y a la creciente sensibilidad social respecto al trato a los animales, se encamina a consolidar y expandir una tradición que es incompatible con los avances en derechos y protección animal. Se evidencia una clara intención de proteger y promover la tauromaquia, facilitando la realización de espectáculos a costa de reducir salvaguardas que podrían mitigar el maltrato a los animales.
Red de municipios a favor de la tortura de animales
Bajo el paraguas de la Red de Municipios Taurinos de Andalucía (REMTA), la Junta de Andalucía ha tejido una alianza estratégica con 168 localidades para convertir la tauromaquia en uno de los programas más importantes de la Autonomía. No se trata solo de defender una tradición: es una maquinaria financiada con subvenciones millonarias, exenciones fiscales y fondos europeos que buscan perpetuar lo que el gobierno autonómico llama «patrimonio cultural».
La REMTA, creada mediante el Decreto 59/2023, funciona como un club exclusivo. Los municipios adheridos se comprometen a «promover, fomentar y apoyar la tauromaquia en todas sus manifestaciones», desde corridas hasta talleres infantiles en colegios. A cambio, reciben ventajas económicas concretas:
- Eliminación de tasas por celebración de espectáculos taurinos.
- Subvenciones directas para campañas de marketing, street marketing, degustaciones gastronómicas «en torno al mundo del toro» y hasta jornadas técnicas para «mejorar la imagen social» de la lidia.
- Fondos europeos destinados a ganaderías de reses bravas, disfrazados de apoyo al «entorno natural único y sostenible» de las dehesas.
La Convocatoria 2024 es reveladora: se financian actividades como «visitas guiadas a ganaderías», «demostraciones de faenas» o «concursos artísticos» que romanticen la tauromaquia. Incluso se incluyen actos de reconocimiento público a figuras taurinas, cuyos gastos —desde viajes hasta galardones— son cubiertos con dinero de todos los andaluces. "Es un lavado de imagen institucionalizado: usan fondos públicos para adoctrinar, especialmente a jóvenes", denuncia Gascón.
Pero la REMTA va más allá. Los municipios reciben un sello de "Municipio Taurino" para exhibir en su branding turístico, y acceden a un banco de buenas prácticas que incluye, por ejemplo, cómo organizar encierros «seguros» o cómo promocionar festejos en redes sociales. Todo bajo el argumento del artículo 68 del Estatuto de Autonomía, que otorga a Andalucía competencia exclusiva para proteger la tauromaquia como «elemento singular» de su cultura.
"Hablan de ética y sostenibilidad, pero es una cortina de humo", señala Gascón. "¿Qué sostenibilidad hay en torturar animales? ¿Qué ética en usar impuestos para enseñar a niños que el dolor es espectáculo?". La contradicción salta a la vista: mientras la REMTA promueve visitas a dehesas para mostrar el «bienestar» del toro bravo, el reglamento taurino andaluz reduce controles veterinarios durante las lidias.
